La pandemia de COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo haciendo que los sistemas sanitarios funcionen al límite, esto obliga a los gobiernos y a las instituciones de salud a tomar decisiones difíciles y urgentes pensando en brindar atención y, al mismo tiempo, frenar la transmisión del virus. En ese sentido, es fundamental que las respuestas a esta emergencia sanitaria reconozcan que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son esenciales, así como los derechos de las/los adolescentes para tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos.
La pandemia de COVID-19 plantea amenazas particulares para las/los adolescentes en situación de vulnerabilidad pues enfrentan mayores dificultades para evitar la transmisión debido a que no cuentan con acceso suficiente a información, recursos, y servicios sociales y de salud de calidad. Los derechos de estas personas, en especial el de la salud, deben ser prioridades para los gobiernos y demás actores encargados de formular respuestas a esta crisis de salud pública.
Por este motivo desde la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Inafancia y Adolescencia instamos a que en los servicios de Salud de los paises:
Se debe cumplir con el Paquete Mínimo de Servicios Iniciales para la Salud Reproductiva: se trata de un estándar internacional de atención que debe implementarse al comienzo de cada emergencia, incluidas las crisis de salud pública. Este conjunto prioritario de servicios esenciales, que busca salvar vidas, incluye atención obstétrica, prenatal y posnatal; información y servicios anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia; atención posterior al aborto y en caso de violación.
ASEGURAR EL ACCESO OPORTUNO A LA ANTICONCEPCIÓN, INCLUYENDO LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Interrumpir cadenas de suministros y reasignar recursos de salud durante la crisis del COVID-19 puede generar graves consecuencias para el acceso a la anticoncepción. La anticoncepción no solo es esencial para permitir que las personas tomen decisiones sobre su autonomía sexual y reproductiva, sino que le puede evitar al sistema de salud la demanda de servicios para atender embarazos no intencionales.
Los Estados deben garantizar acceso a la información y los servicios anticonceptivos como una medida esencial para que las personas puedan evitar embarazos no intencionales que podrían tener alto impacto en sus vidas y en su salud. Como así también estar alertas y dar respuesta a las situaciones de violencia y maltrato que se agravan y profundizan en estas situaciones.
COMISIÓN DIRECTIVA DE ALOGIA 2019 - 2021
Baixe o documento oficial (PDF):
Comments